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Asesinato de Nisman: la Justicia investiga el rol del gobierno de Cristina Kirchner y cruzan 4.000 llamadas telefónicas

18.01.2019 18:00  |  Lucía Salinas  |   | Fuente: Clarín

 Itongadol.- Después de cuatro años desde que Alberto Nisman fue hallado en el baño de su departamento sin vida, la Justicia busca aún determinar quién fue el responsable de su muerte.

“Uno de los avances más sustanciales de la investigación es haber corrido el velo de la tesis del suicidio y haber corroborado que se trató de un homicidio”, indicó a Clarín una de las principales fuentes de la causa. Con Diego Lagomarsino procesado como partícipe necesario de la muerte del ex fiscal y los custodios involucrados igual, ahora la Justicia avanza sobre el Gobierno de Cristina Kirchner: buscan determinar si el mismo tuvo responsabilidad institucional en el asesinato de Nisman.

Para la Justicia no hay dudas: Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Así, lo determinó el año pasado la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Para los camaristas, el ex fiscal fue asesinado como "directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA", acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

A cuatro años de su asesinato, la principal incógnita que prevalece es quién fue el responsable directo del homicidio que conmocionó al país el 18 de enero de 2015. A la fecha sólo se encuentran implicados Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal y los custodios de Nisman, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos como encubridores, al no cuidar como corresponde al fiscal muerto aquel enero de 2015.

La premisa de la causa es que Alberto Nisman "fue víctima de un homicidio", desestimando la tesis sobre su suicidio, dando por descartado el planteo del temor que podría tener el ex fiscal de ir a exponer al Congreso el lunes 19 de enero para explicar su denuncia contra Cristina Kirchner y parte de su gabinete, a quienes acusó de encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.

Sólo el año pasado los camaristas indicaron: "Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar prima facie que Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA", en relación a la denuncia por encubrimiento contra la ex Presidenta y otros integrantes de su gabinete, como también dirigentes políticos.

Así, la causa tomó un giro sustancial y mantuvo desde el fallo de la Sala II una premisa: se debe investigar la relación entre el homicidio del doctor Nisman que se produjo “cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación" y la decisión de avanzar con una acusación contra quien ejercía la jefatura de Estado.

¿Qué sucedió? El juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano desde junio del año pasado, tomaron la sugerencia de la Cámara Federal porteña quien remarcó que este escenario que entrecruza la muerte de Nisman con el escenario político, "obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del Fiscal se haya producido como consecuencia directa de la específica acción que adoptó en el marco de su función", como titular de la UFI - AMIA.

Ahora la causa avanza en este sentido, en determinar su hubo -o no- responsabilidad institucional del gobierno de Cristina Kirchner sobre el asesinato del ex fiscal de la UFI AMIA. Para esto a la fecha se están peritando los teléfonos que tuvo asignados la ex Presidenta y sus principales funcionarios.

“Un total de 4.000 llamadas telefónicas se están entrecruzando que incluye además a ex integrantes de la entonces SIDE”, explicaron fuentes de la causa a Clarín.

La tarea la realiza la Policía Federal, un trabajo encargado por la fiscalía a cargo de Taiano quien tiene delegada la causa.

Este cruce de llamadas será determinante. Para la Justicia hay algo claro: “Esto no se armó en quince días, hay pasos a pasos milimétricos que demuestran que esto tenía una ingeniería más compleja, con más participantes y que no fue algo planteado días antes”, explicaron fuentes de la investigación a Clarín.

Entonces, en este sentido, los investigadores ya comenzaron a recibir algunos informes sobre las pericias telefónicas pero aún resta un camino por recorrer para “unir todas las piezas del gran rompecabezas” como reiteran en los Tribunales de Comodoro Py.

El análisis de las llamadas de los teléfonos tanto personales como laborales de la expresidenta y varios integrantes de su Gabinete se realiza entre diciembre de 2014 y febrero de 2015. Ese lapso incluye el momento del despido del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso, en diciembre de 2014.

La pesquisa está ahora direccionada en lo que definieron como una “ardua tarea instructoria” con la finalidad de avanzar en la completa determinación de las responsabilidades y la individualización de todos sus partícipes" del ámbito político y los servicios de inteligencia.

La ex mandataria no fue imputada en la resolución y no se encuentra mencionada en la misma. Los camaristas desistieron de incluirla como parte del plan criminal que devino en el asesinato de Alberto Nisman. Pero esta situación podría modificarse una vez que ingresen a la fiscalía todos los informes periciales de las comunicaciones telefónicas.

Con esta dirección en el curso de la investigación, se da por avalado el informe de Gendarmería, que concluyó que la muerte del ex fiscal de UFI AMIA se trató de un asesinato "ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima". Todo habría ocurrido a las 2.46 del domingo 18 de enero de 2015.

Los servicios de inteligencia también

Tanto el juez Ercolini como el fiscal Taiano, decidieron ampliar en la investigación la temporalidad del entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los ex agentes de inteligencia Jaime Stiuso, Fernando Pocino, Alberto Massino.

Las órdenes de presentación para las empresas de telefonía incluía un gran conjunto de líneas asignadas a la ex Presidenta como a varios de sus ex funcionarios: Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Héctor Timerman (recientemente fallecido), como también al dos de la entonces flamante Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena.

Miles de llamadas se analizan y muchas de ellas provenientes de teléfonos que utilizaba Jaime Stiuso (ex agente de la SIDE), de otros integrantes del organismo de inteligencia, como Alberto Massino, Fernando Pocino y hasta César Milani, ex jefe del Ejército, de quien se sospecha que manejaba un grupo de inteligencia paralelo a la SIDE oficial.

También se pesquisan llamadas telefónicas de policías que integraban la custodia de Nisman y los aparatos ligados a una agencia de seguridad que estaba relacionada con el automóvil Audi que manejaba el fiscal. En estos casos, el análisis se circunscribe al domingo en el que fue encontrado sin vida el ex titular de la UFI AMIA.

El rol de Lagomarsino

El técnico informático está acusado por el juez Julián Ercolini como más que el "facilitador" del arma con la que según la junta interdisciplinaria de Gendarmería fue "asesinado Alberto Nisman": su rol fue el de una "pieza clave" en el hecho investigado.

En la causa se planteó que el técnico informático entregó el arma calibre 22 con "pleno conocimiento de lo que ocurriría"; es decir, la muerte del entonces fiscal. Sin embargo, la Justicia no pudo acreditar su intervención en el momento en el que se consumó el asesinato. Los responsables del crimen son aún "autores desconocidos".

Pese a ello, Lagomarsino sí brindó “un auxilio o cooperación” al asesino, sin el cual el delito investigado no se habría podido cometer. En otros términos, fue un "cooperador necesario" para que lleve adelante el "plan criminal" de terminar con la vida del ex titular de la UFI AMIA.

Para sostener dicha acusación, se planteó que el técnico informático prestó una colaboración trascendental, ya que fue quien llevó la pistola “Bersa” que posteriormente se usó para "cometer el homicidio", desechando la hipótesis inicial del expediente donde se habló de una "muerte dudosa".

Según fuentes judiciales, una variación conceptual sobre Lagomarsino ocurrió tras el procesamiento: los deslindan de su rol “temeroso y casual en la escena del hecho que buscó instalar durante la indagatoria” y la Justicia fortalece la idea que el informático “tenía vínculos con los servicios de inteligencia”.
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